CEOE y Cepyme cuestionan la legalidad de la huelga por la vivienda
CEOE y Cepyme califican de “inadmisible” la huelga general anunciada por CCOO y UGT y cuestionan su encaje legal porque, sostienen, sus reivindicaciones no son de naturaleza laboral.
Las patronales afirman que la protesta busca presionar para lograr cambios legislativos y presupuestarios sobre vivienda, competencias que atribuyen a las administraciones y no a las empresas.
Sus servicios jurídicos analizarán la convocatoria definitiva, aún sin fecha, y valorarán posibles acciones legales cuando se publiquen sus condiciones concretas.
¿Qué objeta la patronal?
Antonio Garamendi dijo que la huelga tiene un “claro componente político y electoral” y que, aunque habrá que revisar la convocatoria, “todo indica y parece que es ilegal”.
CEOE y Cepyme sostienen que trasladar a empresas, trabajadores y actividad económica el coste de una medida dirigida al Gobierno resulta injustificable.
Las patronales vinculan sus dudas sobre la legalidad al propósito declarado de la movilización y a su coincidencia con un proceso electoral previsto para el 29 de noviembre.
¿Qué postura adoptaron otras organizaciones?
Foment del Treball rechazó la convocatoria por considerar que las demandas corresponden al Gobierno y al poder legislativo; calificó de “incomprensible” trasladar sus costes a empresas y trabajadores.
La patronal catalana también advirtió que añadir disrupciones no favorece la estabilidad ni la confianza en un contexto de incertidumbre internacional y mayores exigencias de competitividad.
El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, afirmó que la huelga “no resolverá el problema de la vivienda” y pidió una respuesta conjunta de administraciones y agentes económicos.
El Mundo
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Emol
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Excélsior
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