Por qué importa
La audiencia coloca bajo escrutinio internacional las decisiones del Ejecutivo en derechos humanos, un área sensible para la imagen del país. Las organizaciones alertan sobre un retroceso en políticas que tardaron décadas en consolidarse, especialmente en verdad y justicia por violaciones cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Lo que denuncian las organizaciones
Las cuatro agrupaciones —Londres 38, Red de Observadoras en Justicia y Memoria, Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta y Asociación por la Memoria Colonia Dignidad— presentaron un escrito a la CIDH. También se sumó la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
Entre los puntos que plantean:
- Vaciamiento institucional: disolución de la Unidad de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales.
- Cambios en equipos: modificaciones en el Servicio Nacional de Migraciones y desvinculaciones en el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda del Ministerio de Justicia.
- Recortes presupuestarios: reducción de fondos para programas estatales de reparación y memoria.
La respuesta del gobierno
La Subsecretaría de Derechos Humanos, liderada por Pablo Mira, afirma que el gobierno mantiene una política de continuidad en derechos humanos, tanto en planes nacionales como en tareas de promoción y protección. Defienden que las medidas administrativas no implican un retroceso.
Qué sigue
La audiencia del 5 de agosto será la instancia donde la CIDH escuchará a ambas partes. El organismo podría evaluar si las acciones del Ejecutivo afectan el cumplimiento de compromisos internacionales de Chile y emitir recomendaciones o requerimientos de información.