Por qué importa
La ley de financiamiento fue aprobada por el Congreso en 2025 con amplio respaldo político y social, en medio de multitudinarias protestas. El Gobierno intentó frenarla mediante decretos y recursos judiciales, argumentando que no tenía fondos. La Corte le cerró esa vía y dejó vigente la medida cautelar que ya habían confirmado instancias inferiores.
Entre líneas
El fallo no resuelve el fondo del conflicto, sino que rechaza el recurso porque la cautelar no equivale a una sentencia definitiva. El caso vuelve al juez de primera instancia Martín Cormick, quien deberá validar o no el acuerdo salarial del 24,33% firmado el 10 de junio entre el Gobierno y las universidades. Pero los abogados del sector universitario aclaran que ese acuerdo no implica retirar la demanda, y que la orden cautelar ya está en vigencia.
- El dato clave: la cautelar cubre los artículos 5 y 6 de la ley, que ordenan recomposición salarial retroactiva y becas. Si el Gobierno no cumple, sus funcionarios pueden enfrentar multas diarias sobre su patrimonio y juicio político.
Qué sigue
El Ejecutivo debe ejecutar la actualización salarial de inmediato. El constitucionalista Pablo Manili, impulsor de la demanda, afirmó que “no queda otra instancia”. La Procuración del Tesoro aún puede presentar otras medidas, pero los especialistas ven difícil revertir la orden sin acatar antes la cautelar. El fallo unánime de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti deja al Gobierno sin margen de maniobra judicial inmediato.
La Nación
Argentina ofrecerá ciudadanía por inversiones desde US$350.000El solicitante principal podrá aportar US$350.000 no reembolsables al Tesoro Nacional o suscribir un título público de US$800.000 creado para el programa.
ADN Radio
La Tercera
Excélsior
TNReportera y camarógrafo son atropellados durante una transmisión en MonterreyAmbos fueron trasladados al Hospital de Zona número 21; Morales sufrió una fractura y De la Rosa, golpes y contusiones.
BBC NewsDavid Rivera recibe diez años de prisión por lobby secreto para VenezuelaSegún la fiscalía, Rivera y la consultora política Esther Nuhfer recibieron un contrato de tres meses vinculado a PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
