Por qué importa
La desmunicipalización de la educación pública comenzó en 2018 con la creación de los SLEP. Hoy existen 36 en funcionamiento, 169 municipios ya traspasaron sus colegios, 22 servicios están creados sin operar y 12 aún no se constituyen. El calendario original preveía completar todo en 2025, pero se ha postergado varias veces.
El proyecto responde a un compromiso de campaña de Kast y a un análisis interno del Mineduc que no encuentra evidencia de que los SLEP superen sistemáticamente a los municipios en resultados educativos. Al mismo tiempo, las deudas de los municipios por concepto de sueldos docentes se han acumulado, y el gobierno busca evitar que el traspaso genere mayor gasto fiscal.
Los cambios clave
La "ley corta" modifica el diseño aprobado en 2017 con cuatro ajustes de fondo:
- Recalendarización de los SLEP pendientes: El Presidente podrá modificar la fecha de creación de los 12 servicios restantes, con la condición de activar al menos uno por año y un plazo máximo de 2040.
- Extensión del plazo de traspaso: Los SLEP que ya fueron creados tendrán hasta tres años adicionales para concretar la transferencia de establecimientos desde los municipios.
- Mayor flexibilidad para sostenedores municipales: Se amplían las condiciones para que municipios con buenos resultados mantengan la administración de sus escuelas, no solo los que ya tienen excepciones vigentes.
- Nuevo criterio para evitar el cambio de sostenedor: Se considerará el desempeño educativo local y la capacidad financiera para decidir si un municipio continúa a cargo.
La decisión sobre qué SLEP implementar primero priorizará la disponibilidad presupuestaria, las deudas municipales y los resultados de los sistemas locales.
El debate
El exministro de Educación Nicolás Cataldo critica la medida: sostiene que postergar los traspasos no reduce la deuda, sino que la aumenta, porque muchos municipios ya destinan más del 100% de sus recursos educativos al pago de sueldos y necesitan fondos complementarios. Según él, adelantar la transferencia permitiría que el gobierno central asuma esas obligaciones de forma más eficiente.
Entre los alcaldes, las posiciones se dividen: algunos quieren mantener sus escuelas por compromiso con la educación local, mientras que otros ven en el SLEP una salida al ahogo financiero. El gobierno defiende la iniciativa argumentando que las deudas previsionales no desaparecen con el traspaso y que se necesita espacio fiscal para pagarlas.
Qué sigue
El proyecto comenzará su tramitación en la Comisión de Educación del Senado, con la aspiración de que sea aprobado antes de fin de año. El gobierno espera que la recalendarización dé tiempo para implementar las mejoras recientemente aprobadas por el Congreso y para ajustar el gasto fiscal sin comprometer la continuidad del sistema.
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