Por qué importa
En los últimos diez años, el Congreso tramitó 27 acusaciones constitucionales: 11 durante el segundo gobierno de Sebastiñán Piñera y 16 en la administración de Gabriel Boric. Los impulsores de la reforma sostienen que esta proliferación desnaturalizó una herramienta concebida como excepcional y la convirtió en un instrumento de disputa política permanente.
La presentación ocurre mientras la Cámara de Diputados se prepara para votar la próxima semana la acusación contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
Los cambios clave
El proyecto modifica el artículo 52 de la Constitución y establece cuatro candados principales:
- Más firmas: eleva de 10 a 20 el número mínimo de diputados que deben patrocinar una acusación para que sea admitida.
- Interpelación previa: obliga a citar y escuchar al ministro en el Congreso antes de presentar un libelo en su contra.
- Quórum más alto: para aprobar la acusación en la Cámara ya no bastará la mayoría de los presentes; se exigirá la mayoría de los diputados en ejercicio (78 votos).
- Misma reforma en ambas cámaras: senadores y diputados ingresaron proyectos complementarios para que el cambio sea constitucional.
Lo que dicen
Los parlamentarios impulsores —Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Andrea Balladares (RN), Diego Schalper (RN), Gael Yeomans (FA), Diego Ibáñez (FA), Paulina Vodanovic (PS), Javier Macaya (UDI), entre otros— señalaron que la reforma busca “poner fin a la temporada de acusaciones constitucionales”.
En su fundamento escrito, afirman que la herramienta “se ha transformado en un instrumento de disputa política contingente, antes que en el mecanismo extraordinario, de última ratio, que la Constitución concibió”.
Los libertarios, en tanto, anunciaron que presentarán su propia iniciativa para que también se pueda acusar al fiscal nacional y a los fiscales regionales.
La imagen completa
El grupo que impulsa la reforma excluye a Republicanos y al Partido Comunista. La propuesta no busca eliminar la acusación constitucional, sino elevar los estándares para activarla. Los autores insisten en que no se trata de “proteger a ninguna autoridad ni dar impunidad”, sino de exigir seriedad y evitar que el Congreso quede paralizado por libelos constantes mientras la ciudadanía demanda avances en seguridad, economía y salud.