Por qué importa
Las acusaciones constitucionales son el principal instrumento de la Cámara para destituir autoridades, como ministros, jueces o el Presidente. Su uso frecuente ha generado críticas por parte de distintos sectores, que lo consideran una vía para desgastar al adversario político más que un ejercicio de fiscalización seria.
Los cambios que propone el proyecto
La reforma modifica varios aspectos del mecanismo actual:
- Aumento del número mínimo de diputados para presentar una AC: de 10 a 20.
- Mayoría absoluta del Congreso para aprobar el libelo, en lugar de solo la mayoría de los presentes en la Sala.
- Interpelación previa obligatoria cuando la acusación sea contra un ministro de Estado.
- Causales más estrictas: las infracciones a la Constitución o leyes deberán ser “abiertas”, es decir, evidentes y comprobables.
El proyecto no elimina la facultad fiscalizadora del Congreso, pero busca que las AC se respalden con fundamentos sólidos y un apoyo político amplio.
Lo que dicen los impulsores
Los diputados que patrocinan la iniciativa representan a partidos de izquierda, centro y derecha, incluyendo a RN, PS, Frente Amplio, Evópoli, PPD y Demócratas.
- Diego Schalper (RN) señaló que las AC no deben ser “un espacio para la guerrilla política”, sino para la responsabilidad.
- Raúl Leiva (PS) destacó el “coraje” de parlamentarios de distintos sectores para priorizar la estabilidad del país sobre cálculos electorales.
- Carlos Cuadrado (PPD) afirmó que se busca devolver “la densidad a la política” y la confianza ciudadana en el Congreso.
Qué sigue
El presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet, comprometió acelerar la discusión del proyecto. Aunque no entregó plazos exactos, dijo que buscará ponerlo en tabla “lo antes posible”. La reforma requiere ser aprobada por el Congreso, lo que implica un debate que podría extenderse meses.