Lo que dijeron
- Mario Marcel explicó que las proyecciones fiscales se basan en supuestos macroeconómicos y tienen márgenes de error "estadístico", no de omisión. Dijo que si cada proyección inexacta puede derivar en una acusación constitucional, los ministros entregarán menos información y los profesionales calificados evitarán el cargo.
- José Pablo Gómez reveló que la Dirección de Presupuestos inició un sumario administrativo interno para investigar las diferencias detectadas en el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP1) de la actual administración. Afirmó que no puede pronunciarse sobre el fondo hasta que concluya la investigación.
Ambos coincidieron en que los compromisos de gasto incorporados por el gobierno de Kast —no incluidos en estimaciones anteriores— explican parte del desfase.
Entre líneas
La defensa de Grau, encabezada por el abogado Patricio Zapata, ya había planteado el martes que la acusación no identifica infracciones constitucionales concretas. La comparecencia de Marcel refuerza esa tesis desde la propia experiencia técnica del cargo.
Además, la sesión evidenció la baja concurrencia de otros invitados: la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, se excusó argumentando que el organismo habla a través de sus informes, lo que debilita la base de evidencia que busca la comisión.
Qué sigue
La comisión revisora continuará con las audiencias esta semana. Si el libelo es aprobado en la Cámara de Diputados —donde la oposición suma al menos 78 votos con el apoyo del PDG—, pasará al Senado para un posible juicio político. La Democracia Cristiana aún no define su postura, y dentro del PDG hay divisiones abiertas.
El sumario administrativo de la Dipres, en tanto, podría arrojar conclusiones técnicas antes de que el proceso legislativo termine.
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