Por qué importa
El proyecto reactiva la discusión sobre la aplicación de justicia a las fuerzas de seguridad tras el 18-O. El PNL sostiene que hubo una “persecución implacable” de la Fiscalía, mientras que otros sectores defienden las condenas como necesarias para garantizar derechos civiles. La iniciativa también presiona al presidente José Antonio Kast, quien se comprometió a estudiar indultos.
Entre líneas
Kaiser describió a los manifestantes reprimidos como “el lumpen desatado” y diferenció entre protesta pacífica y violencia. Sus argumentos clave:
- Los uniformados actuaron “mandatados por el Estado” y no por voluntad propia.
- La fiscal Ximena Chong violó el principio de objetividad al investigar a Carvajal.
- El país “tiene que agradecer” a los efectivos por no haber perdido la institucionalidad.
- El indulto debe ser una responsabilidad del Congreso, no solo del Presidente.
La narrativa del PNL equipara el uso de la fuerza con la defensa del orden democrático, omitiendo que algunas condenas —como la de Carvajal— fueron por apremios ilegítimos calificados, no por acciones regulares.
Qué sigue
El proyecto necesita reunir las firmas parlamentarias para ser presentado formalmente. La senadora Vanessa Kaiser lidera la recolección. Se espera que la iniciativa enfrente resistencia de partidos de centroizquierda y organizaciones de derechos humanos, que la consideran un retroceso en la rendición de cuentas. El gobierno de Kast aún no se pronuncia oficialmente sobre la propuesta.