El panorama general
El gobierno tipifica como delitos los atentados contra carabineros, el tráfico de drogas, la retención de transporte público y el daño a monumentos nacionales. Como incivilidades incluye el consumo de alcohol y drogas en la vía pública, rayados sin autorización, destrucción de equipamiento comunitario, evasión del pago de transporte y ocupación no autorizada de establecimientos educacionales.
Quienes figuren en el registro perderán beneficios como la Pensión Garantizada Universal (PGU), el subsidio de arriendo y la gratuidad, además de enfrentar trabas para renovar su pasaporte o licencia de conducir.
Los números que importan
- En 2025 se registraron 230.701 casos policiales de incivilidades en Chile.
- Los más comunes fueron daños (122.049) y consumo de alcohol en la vía pública (100.284).
- Le siguen consumo de drogas (6.981) y desórdenes públicos (1.387).
- En el primer trimestre de 2026 ya se reportaron 29.212 casos.
Entre líneas
Las críticas se centran en que la pérdida de ayudas estatales castigaría especialmente a quienes dependen del Estado. Codina argumentó que, al incluir restricciones sobre documentos como el pasaporte, la medida toca a todos los sectores. Sin embargo, no detalló cómo se garantizará esa universalidad en la práctica, ni si personas de altos ingresos que no usan beneficios sociales quedarían exentas.
Lo que dicen
- Germán Codina: "Es totalmente falso que sean medidas que eventualmente solo afecten derechos sociales de quienes recurren al Estado. Las políticas públicas tienen que ser universales".
- Presidente José Antonio Kast: "No basta con combatir el crimen organizado, sino proteger a nuestros vecinos de conductas que horadan los barrios, dañan el patrimonio y alteran la tranquilidad de las familias".
La imagen completa
La propuesta se suma a otras iniciativas de seguridad del gobierno de Kast, en un contexto donde las incivilidades superaron las 230 mil denuncias el año pasado. El debate gira ahora en torno al equilibrio entre sancionar conductas que afectan la convivencia y evitar que las restricciones a beneficios básicos profundicen la desigualdad. El proyecto aún debe ser discutido en el Congreso.