Lo que busca el proyecto
Pavez explicó que el objetivo central es "consolidar información de condenas y sanciones por actos que afectan la convivencia, el orden público y los bienes comunes". Pero el trasfondo, según dijo, es cultural: "Que vuelva la cultura del orden a Chile", porque la sociedad se acostumbró a tolerar incivilidades como no pagar el Metro, lanzar bombas molotov en colegios o bloquear el tránsito sin consecuencias.
El registro será administrado por el Servicio de Registro Civil y tendrá carácter parcialmente público. Cualquier persona podrá solicitar información si una persona está inscrita, pero los detalles de cada caso y los datos de menores de edad se mantendrán reservados.
Las conductas y los plazos
El proyecto distingue entre actos vandálicos e incivilidades, con distintos tiempos de permanencia en el registro:
- Actos vandálicos: delitos contra la autoridad, bienes públicos, profesionales de la salud o educación, y contra las cosas. Permanencia: 5 años (2 años si son menores de edad).
- Incivilidades: faltas conocidas por juzgados de policía local (ej: depósito de escombros, consumo de alcohol en espacios públicos) o por juzgados de garantía (ej: loterías no autorizadas, consumo de drogas en la vía pública). Permanencia: 1 año.
Las sanciones
Quienes figuren en el registro perderán temporalmente el acceso a beneficios y trámites financiados con fondos públicos. Entre ellos:
- Subsidios habitacionales y de arriendo
- Becas de educación superior, postgrado y fondos concursables
- Licencia de conducir y pasaporte
- Beneficios tarifarios de transporte público
- Pensiones de gracia
- Retención de devolución de impuestos
Pavez aclaró que la Pensión Garantizada Universal (PGU) solo se suspendería para casos de delitos graves, no para incivilidades.
La controversia: ausencia de ministros
Los ministros Claudio Alvarado (biministro) y Martín Arrau (Seguridad) no asistieron a la comisión, pese a estar invitados. Diputados de oposición lo calificaron como una falta de respeto.
Raúl Leiva (PS) dijo que en ocho años de parlamentario nunca había visto que un proyecto con urgencia no fuera presentado por un ministro. Tatiana Urrutia (FA) y Bernardo Salinas (IND) también criticaron la ausencia. Leiva calificó el proyecto de "inconstitucional" y señaló que apunta a "familias que hacen bingos, no al violador, al homicida o al que defrauda".
Lo que sigue
El proyecto entrará en su fase de discusión parlamentaria en la Comisión de Seguridad, donde se esperan modificaciones. La UDI ya propuso agregar diez nuevas incivilidades. La oposición pide que los ministros asistan a las próximas sesiones para defender la iniciativa y que el gobierno se abra a mejorarla.