Cómo llegamos aquí
El proyecto fue anunciado por primera vez el 31 de mayo en Villa Alemana, y luego ratificado el 1 de junio durante la primera Cuenta Pública de Kast. Tras semanas de debates públicos y cuestionamientos de la oposición, el Ejecutivo ingresó el texto formal el viernes 12 de junio.
Las conductas que sanciona
El proyecto distingue dos categorías: actos vandálicos (delitos) e incivilidades (faltas administrativas). Entre las conductas destacan:
Actos vandálicos (23 conductas):
- Atentado contra la autoridad, amenazas a fiscales o defensores públicos, homicidio o lesiones a fiscales y Carabineros
- Retención o toma violenta de vehículos de transporte público
- Interrupción de la libre circulación o lanzamiento de objetos a personas o vehículos
- Usurpación de inmuebles fiscales o bienes de uso público
- Tráfico de drogas, daños a monumentos nacionales, incendios y uso de explosivos
Incivilidades (10 conductas):
- Consumo de alcohol o drogas en la vía pública
- Evasión del pago del transporte público
- Venta de alimentos sin permiso municipal
- Depósito de escombros sin autorización
- Cierre u obstaculización de accesos a playas, ríos o lagos
Las sanciones aplicables
Quienes integren el registro enfrentan restricciones que varían según la gravedad de la conducta:
- Para actos vandálicos (inscripción de 5 años, 2 si es menor de edad): suspensión de gratuidad universitaria, PGU, subsidios habitacionales y de arriendo; prohibición de renovar licencia de conducir, pasaporte y tarjeta de identidad; impedimento de asistir a estadios de fútbol y espectáculos masivos.
- Para incivilidades (inscripción de 1 año): mismas sanciones, excepto la pérdida de gratuidad y PGU.
- En ambos casos, se revocan permisos precarios y concesiones, y se inhabilita para postular a proyectos culturales del Estado.
La reacción inmediata
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la iniciativa como parte de la agenda de seguridad del gobierno. La oposición la califica de "clasista" y cuestiona su constitucionalidad, argumentando que la pérdida de derechos previsionales podría violar la Carta Magna. El exministro de Seguridad Luis Cordero la tildó de "efectista" y advirtió riesgos de estigmatización.
El proyecto pasará primero por la Comisión de Seguridad de la Cámara y luego por la de Hacienda. Su tramitación se prevé extensa y con alta discusión.