El panorama general
El registro apunta a conductas que, según las autoridades, se han normalizado y afectan la convivencia en barrios, plazas y transporte público. El proyecto abarca tanto delitos (vandalismo) como incivilidades (rayados, venta ilegal de alcohol, consumo de drogas en la vía pública, destrucción de equipamiento comunitario).
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que la pérdida de beneficios no es permanente, sino que dura mientras la persona permanezca en el registro.
Las sanciones específicas
Las consecuencias para quienes ingresen al registro incluyen:
- Pérdida de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y subsidios de arriendo durante el período de permanencia.
- Restricción de gratuidad en educación y acceso a becas.
- Imposibilidad de obtener licencia de conducir o inscribir un vehículo a su nombre, similar al Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos.
El tiempo en el registro varía según la conducta: 5 años para delitos, y entre 1 y 3 años para incivilidades según reincidencia. Al cumplir el plazo, la persona recupera todos los beneficios.
Lo que dicen las autoridades
Máximo Pavez defendió la proporcionalidad de la medida: “La pérdida de beneficios va en directa relación con la permanencia en el registro. Cuando se acaben los 5 años, usted va a poder retomar todos los beneficios”.
El ministro de la Segpres, José García Ruminot, agregó que “no es un capricho de la autoridad” y que el proyecto está respaldado por resoluciones judiciales. “Alguien que atenta contra bienes públicos no puede al mismo tiempo recibir beneficios del Estado que se pagan con impuestos”, señaló.
Las críticas y el debate pendiente
La oposición ha planteado posibles inconstitucionalidades y que la medida estigmatiza a sectores populares. Pavez respondió que “es la gente de clase media, de barrios populares, los que no pueden hacer frente a la incivilidad”.
Ambos ministros reconocieron que el proyecto se ajustará durante su tramitación en el Congreso. García Ruminot afirmó que están abiertos a corregir inquietudes y que “ningún artículo sale como entra”.
Qué sigue
El presidente Kast firmó el proyecto de ley ayer en Cerro Castillo, iniciando su trámite legislativo. El gobierno espera una discusión “seria y profunda” en el Parlamento. Las modificaciones se definirán en los próximos meses.