Por qué importa
El paro de prácticos dejó varados buques en puertos argentinos y generó sobrecostos para exportadores e importadores. La suspensión marca un retroceso en la agenda de desregulación del Gobierno frente a la presión de un sector estratégico para la navegación fluvial y marítima.
Cómo llegamos aquí
- El 30 de julio, el Gobierno publicó el Decreto 690/2026, que eliminaba restricciones para ingresar al mercado de prácticos. El objetivo oficial era generar competencia y reducir costos.
- Al entrar en vigencia, los prestadores del servicio iniciaron medidas de fuerza. Dejaron de aceptar nuevos servicios, lo que provocó la acumulación de embarcaciones y demoras en los puertos.
- El propio Gobierno reconoció una “situación excepcional” que puso “en crisis el normal funcionamiento” del sistema.
Lo que dicen
Según el texto oficial, el nuevo decreto restituye “la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas” por la reforma. Además, crea una Mesa de Trabajo en el Ministerio de Seguridad Nacional, integrada por funcionarios, Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y representantes del sector.
El objetivo de la mesa es “lograr los consensos necesarios” para garantizar la continuidad del servicio.
El dato clave
La suspensión incluyó un acuerdo con los prácticos que contempló una reducción del 20% en las tarifas. A cambio, el sector reactivó la prestación del servicio de manera regular.
Qué sigue
La Mesa de Trabajo deberá definir las reglas del servicio de practicaje en el mediano plazo. Mientras tanto, rige el régimen anterior, anterior a la reforma de fines de julio. El conflicto quedó congelado, pero no resuelto.