Por qué importa
La paralización del practicaje —asistencia obligatoria para maniobras de ingreso y egreso— detiene la operatoria de terminales clave para la economía argentina. El impacto se extiende más allá del agro:
- Exportaciones de granos frenadas en el polo de Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
- Distribución de combustibles interrumpida en muelles de Campana, Dock Sud, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova.
- Al menos 12 operaciones del segmento downstream (refinación y distribución) comprometidas, según fuentes empresariales.
La Cámara Argentina de Energía (CADE) advirtió que, si el conflicto no se resuelve en el corto plazo, podrían aparecer dificultades de abastecimiento.
El estado de las cosas
La Prefectura Naval Argentina intimó este martes a más de 500 prácticos y pilotos a retomar sus tareas de inmediato, mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial. La orden se basa en el reglamento aprobado por el Decreto 690/2026, que el gremio rechaza.
Pese a la intimación, los profesionales mantienen la medida: no aceptan nuevas asignaciones, aunque quienes ya tenían turnos previos continúan trabajando. La decisión fue individual y coordinada, sin un gremio central que convoque al paro.
Lo que no se dice
El Decreto 690/2026 elimina el cupo de inscripción de prácticos, permite la contratación directa por parte de armadores y habilita a capitanes extranjeros con experiencia a navegar sin práctico. Para el Ministerio de Desregulación, la norma moderniza un sistema vigente desde 1991 y reduce costos logísticos. Para los prácticos, pone en riesgo la seguridad de la navegación al flexibilizar requisitos.
El Gobierno dejó abierta una carta: el artículo 6 del decreto faculta a la Prefectura a proveer el servicio en situaciones excepcionales, incluso con apoyo de la Armada o autorizando a capitanes con certificado de zona.
Qué sigue
La presión sobre el Ejecutivo crece a medida que se acumulan pérdidas millonarias en navieras, exportadores e importadores. Algunos buques ya cancelaron sus escalas y redirigieron sus cargas a otros puertos. Si la intimación no es acatada, el Gobierno podría recurrir a los mecanismos de excepción previstos en el decreto para restablecer las operaciones por la fuerza.