El trasfondo
El gobierno británico emitió un aviso de capacidad técnica (TCN) en octubre de 2025, basado en la Ley de Poderes Investigativos. Esta ley obliga a empresas a entregar datos de usuarios a agencias de seguridad, incluso si están cifrados, para casos de terrorismo y abuso infantil.
- Apple argumenta que cumplir la orden implicaría debilitar la protección de extremo a extremo de iCloud (Advanced Data Protection), creando una puerta trasera que afectaría la seguridad de todos los usuarios.
- La empresa ya retiró la opción de activar ADP para nuevos usuarios en el Reino Unido tras la primera orden, pero mantiene que nunca construirá una puerta trasera.
Entre líneas
El gobierno británico limitó esta segunda orden a usuarios del Reino Unido para evitar el conflicto diplomático con Washington que provocó la primera. Sin embargo, los críticos señalan que cualquier debilitamiento del cifrado expone datos de todos los usuarios, ya que las comunicaciones con personas fuera del país también quedarían vulnerables.
Tanto Apple como el Ministerio del Interior británico tienen prohibido legalmente comentar públicamente el caso.
Qué sigue
El IPT notificó a la organización Privacy International sobre la queja de Apple. Privacy International y Liberty ya habían presentado una impugnación separada contra los TCN, cuyo caso estaba programado para diciembre de 2025. Ahora un tribunal definirá cómo tramitar ambas quejas en paralelo.
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