La investigación por la red de tráfico de armas fabricadas con impresoras 3D llegó a 65 imputados, entre ellos una cabo de Carabineros y un soldado del Ejército, según informó esta semana la Fiscalía Supraterritorial. La funcionaria extraía información policial a cambio de sobornos, mientras el militar comercializaba armamento a través de chats encriptados.
El caso expone cómo organizaciones criminales logran infiltrar instituciones del Estado y aprovechan la tecnología para producir armas indetectables y más baratas, lo que amplía el mercado negro y desafía los mecanismos tradicionales de control.
El panorama general
- La Operación 3D comenzó en 2024 y abarca 12 regiones del país.
- 58 personas fueron detenidas; otras 7 ya estaban privadas de libertad por otros delitos.
- Ocho de los imputados son menores de edad, seis chilenos, un venezolano y un colombiano.
Lo que sabemos
- La carabinera (cabo R.H.M., 11 años de servicio en la 18° Comisaría de Ñuñoa) accedía al sistema institucional para entregar datos confidenciales. Cobraba entre $9.000 y $20.000 por cada revisión y acumuló más de $350.000 desde diciembre de 2024.
- El militar (conscripto O.A.J.S., del Destacamento de Montaña N°8 Tucapel) ofrecía pistolas modificadas y municiones de alto calibre en el chat “Gatilleros de Norte a Sur”. Un agente encubierto de la PDI lo detectó al negociar la compra de armas de fogueo adaptadas.
- La caída de la carabinera se produjo tras la infiltración de un detective en el grupo de Telegram “Emoticones del Diablo”, donde un integrante pidió datos para ubicar a un supuesto estafador y otro miembro mencionó tener un contacto en Carabineros.
Entre líneas
Las armas hechas con impresoras 3D se venden a un costo muy inferior al de las convencionales (por ejemplo, pistolas que en el mercado formal cuestan entre $650.000 y $1,2 millones). Expertos advierten que ese bajo precio facilita la actividad criminal y amplía el número de compradores potenciales. Además, la investigación sugiere que parte del armamento provendría de un depósito militar argentino, ingresado al país mediante “correos humanos”.
Qué sigue
Las audiencias de formalización de aproximadamente 50 imputados comenzaron esta semana y se extenderían por varios días. La fiscalía mantiene procedimientos activos que aún no se han cerrado.
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